Los Barrios y Miramundo, otros dos modelos gestores – Diario de Cádiz
Con el modelo de gestión de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Las Calandrias, en Jerez, al borde del “bloqueo técnico y económico”, coexisten otros dos en la provincia, según explicaron a este periódico fuentes de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente:el de la planta de Los Barrios y la de Miramundo, en Medina Sidonia. “El de Los Barrios es el modelo a seguir y a implantar en toda la provincia, aunque ahora tenga problemas de acumulación de residuos”, comentaron las mismas fuentes. En Los Barrios es una empresa dependiente de la mancomunidad de municipos la que cobra al ciudadano por el suministro de agua,el mantenimiento de los jardines, el tratamiento y el transporte de la basura, “de forma que la tasa es finalista y no hay problemas de deudas, ni de mantenimiento, ni de viabilidad económica”.
El Complejo Ambiental de Miramundo, en Medina Sidonia, lo gestiona la empresa Bioreciclaje de Cádiz S.A., gracias a una concesión por 30 años del Consorcio Bahía de Cádiz que se hizo efectiva en noviembre de 2008. Esta operación se encontró con la oposición y la crítica de quienes defendían que el servicio debía seguir en manos públicas.
Bioreciclaje surge de un convenio público privado entre el Consorcio Bahía de Cádiz y una Unión Temporal de Empresas compuesta por Valoriza, Servicios Medioambientales S.A., del grupo Sacyr, Isolux Corsan y GS Inima para la construcción, a finales de los 90, del complejo ambiental con fondos europeos para el desarrollo administrados por la Junta de Andalucía y la Diputación. Hasta entonces, el consorcio gestionaba un vertedero tercermundista al lado del cementerio de Puerto Real. En principio, las instalaciones siguieron bajo la gestión del ente provincial, que nunca consiguió que funcionasen. Luego, Bioreciclaje las fue poniendo en marcha paulatinamente hasta lograr “una mejora sorprendente”, en palabras de un técnico de la autoridad ambiental.
Actualmente Bioreciclaje asume el servicio público de transferencia, transporte, tratamiento y vertido de la denominada “fracción no valorizable” de los residuos urbanos de 33 municipios, que aglutinan a más de 617.000 habitantes.
La empresa ha llegado a acuerdos con varios ayuntamientos para la implantación de una tasa única, de manera que el pago sea efectivo y finalista. Pero hay otros que no la han aceptado, provocando una situación que algunos expertos califican de “anómala”. De hecho, la compañía reconoce que lastra un débito municipal que supera los 16 millones de euros. Y que ese lastre y las dificultades “merman la economía de la concesión, que presenta síntomas de empobrecimiento y desequilibrio, poniendo en riesgo no solo el sostenimiento de las operaciones y el empleo, sino también la consecución de las inversiones precisas para la mejora continua del proceso de reciclaje que por imposición de la normativa ambiental comunitaria que viene, hará que en el próximo lustro se incrementen considerablemente los porcentajes de recuperación”.
“Si a corto plazo no se resuelve lo de la tasa única, finalista y solidaria, algunos gestores de plantas tendrán que entregar las llaves a la administración”, advierte un experto.
